Hasta fechas recientes, la investigación relacionada con los determinantes intangibles del valor de las empresas ha tenido entre sus principales objetivos persuadir a los organismos reguladores de la necesidad de elaborar normas que obliguen a las empresas a difundir información sobre sus activos intangibles. Para ello, los investigadores han documentado la existencia de relaciones estadísticamente significativas entre las inversiones de naturaleza intangible y los resultados de ejercicios posteriores o el precio de mercado de las acciones. Tomada en conjunto, la evidencia obtenida por los estudios publicados durante las últimas tres décadas sugiere que los intangibles son una de las principales fuentes de ventajas competitivas para las empresas y que, salvo en contadas excepciones, las inversiones intangibles se traducen generalmente en incrementos en la productividad, la rentabilidad y el valor de las empresas.
Lamentablemente, la mayor parte de los estudios empíricos publicados se ha concentrado en aquellos intangibles sobre los que existe información fácilmente accesible, tales como I+D, publicidad, patentes o marcas, y ha eludido el análisis de otros que, por su naturaleza, son más difíciles de aprehender o para los que la información disponible es escasa. Tal vez el ejemplo más claro de esto sean los intangibles asociados a la dimensión medioambiental o a la sostenibilidad de la empresa.
Este artículo pretende poner de manifiesto la vinculación entre el concepto de sostenibilidad y lo que la literatura ha denominado “capital intangible”, justificar la existencia de activos y pasivos intangibles vinculados a la sostenibilidad y llamar la atención sobre la urgente necesidad de homogeneizar e integrar las propuestas formuladas desde distintos ámbitos para fomentar la difusión de información sobre el capital intangible de las organizaciones, así como de establecer controles estrictos del cumplimiento de la normativa vigente en la actualidad.

El carácter intangible de la sostenibilidad

El desarrollo sostenible ha sido definido por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para alcanzar sus propias necesidades. Por tanto, la sostenibilidad de la empresa puede entenderse como la capacidad para lograr los objetivos corporativos sin comprometer a largo plazo las necesidades económicas, sociales y medioambientales de la sociedad.
La vinculación entre la sostenibilidad y el capital intangible de la empresa puede fundamentarse en el concepto de “desmaterialización”. Durante los últimos siglos, la actividad industrial ha dado como resultado una significativa reducción de los recursos naturales y un deterioro de las condiciones medioambientales. La desmaterialización de la actividad industrial reduce el impacto negativo de la empresa sobre el medio ambiente y sólo puede lograrse realizando esfuerzos encaminados a la generación de nuevo conocimiento y su aplicación a la resolución de los problemas medioambientales que genera la actividad productiva.
Si bien una parte de las inversiones necesarias para la generación y utilización de ese conocimiento será de naturaleza material, la parte fundamental será intangible, como también lo será el resultado final: nuevos procesos, productos, patentes, etc. Estas inversiones contribuyen a incrementar el capital estructural u organizativo de la empresa, ya que habitualmente implican la adquisición o desarrollo de tecnologías y sistemas de información o la creación de rutinas y procesos. Sin embargo, también incrementan el capital humano, ya que tienen un notable impacto positivo en la cultura de la organización y en los conocimientos y habilidades de las personas que la integran. Entre los intangibles que se generan como resultado de las inversiones encaminadas a garantizar la sostenibilidad de la empresa, tal vez el más fácilmente identificable sea la reputación corporativa 1 Notas, que se traduce en un fortalecimiento del valor de la marca, una mayor fidelidad de los clientes, una mayor capacidad de negociación y un abaratamiento del coste del capital.
La sostenibilidad de la empresa es un intangible que se ajusta perfectamente a la descripción que Lev presenta de los atributos básicos de los elementos integrantes del capital intangible de las empresas: escalabilidad, no-rivalidad y no-escasez, existencia de economías de red y rendimientos marginales crecientes, elevado riesgo inherente, imposibilidad para excluir a otros de los beneficios derivados de su generación y difícil transmisibilidad.
Las empresas deben ofrecer información sobre las inversiones realizadas para asegurar su sostenibilidad y sobre su contribución a la creación de valor, tanto si las normas de contabilidad permiten la activación de los desembolsos realizados como si no. De hecho, en los informes anuales es frecuente encontrar declaraciones relativas a las medidas adoptadas para reducir el impacto medioambiental de la actividad productiva, pero, salvo en contadas excepciones, se informa de manera esporádica, poco homogénea y sin establecer relaciones entre los desembolsos realizados y la capacidad de la empresa para generar beneficios en el futuro.
Además, es preciso identificar los pasivos intangibles vinculados a la falta de desmaterialización, es decir, a la ausencia de esfuerzos encaminados a reducir el impacto negativo de la actividad productiva desarrollada por las empresas. Junto a los activos intangibles relacionados con la sostenibilidad, las empresas deberían presentar información relativa a los riesgos y contingencias futuras que pudieran derivarse de la mala gestión de sus relaciones con el medio ambiente. Se trata de pasivos intangibles relacionados con las políticas adoptadas o los compromisos adquiridos por las empresas, que destruyen su valor al constituir amenazas para su sostenibilidad a largo plazo. Ejemplos de estos pasivos intangibles son la implantación o el mantenimiento de procesos de fabricación que producen daños medioambientales (por la emisión de gases de efecto invernadero o la generación de residuos tóxicos), la existencia de condiciones laborales que vulneran los derechos humanos (como la explotación laboral infantil) o la fabricación de productos que emplean sustancias nocivas para la salud.

Un vistazo al pasado reciente

Durante la última década parece haberse generalizado la idea de que los intangibles son las principales fuentes de ventaja competitiva de las empresas y que, dado que las normas de contabilidad no permiten el reconocimiento de buena parte de las inversiones de naturaleza intangible que realizan las empresas, es preciso, por una parte, difundir información sobre ellas con carácter voluntario y, por otra, modificar la normativa contable para facilitar la presentación en los estados financieros de información más relevante sobre los elementos del capital intangible 2 Notas.
De acuerdo con esto, algunos grupos de investigadores, organizaciones profesionales y comités designados por organismos reguladores desarrollaron esfuerzos que culminaron en la elaboración de catálogos de recomendaciones para la revelación voluntaria de información sobre los intangibles de las empresas. Ejemplos de ello son las directrices elaboradas como resultado de los proyectos Meritum y Nordika o las difundidas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación danés. En nuestra opinión, todos estos esfuerzos han tratado la relación de la empresa con el medio ambiente de manera poco satisfactoria: generalmente le han prestado una atención insuficiente y, en algunos casos, la han olvidado casi por completo.
Así, por ejemplo, las Directrices Meritum citan sólo marginalmente las actividades medioambientales al enumerar los posibles componentes del capital relacional, entendiendo que son un elemento integrante del conjunto de relaciones que la empresa mantiene con el exterior. A nuestro juicio, es un error defender la existencia de un capital relacional distinto del capital humano y el capital estructural, ya que, atendiendo a su naturaleza 3 Notas, los intangibles sólo pueden identificarse con el ámbito del conocimiento tácito, en cuyo caso deben considerarse capital humano, o con el ámbito del conocimiento explícito o sistematizado, en cuyo caso deben considerarse capital estructural. En consecuencia, los recursos o actividades medioambientales deben considerarse capital humano o capital estructural, según se trate de conocimiento tácito o explícito.
El informe final del proyecto Nordika menciona específicamente la relación de la empresa con el entorno, pero la excluye taxativamente del objeto de los informes sobre el capital intelectual, considerando que los aspectos medioambientales no forman parte del conocimiento generado en el seno de la empresa y que se utiliza para la generación de valor.
En el extremo, las directrices elaboradas por el Ministerio de Comercio e Industria danés se olvidan por completo de los intangibles relacionados con la dimensión medioambiental de la sostenibilidad de la empresa. De hecho, algunas empresas que han adoptado las Directrices danesas y publican informes medioambientales lo hacen de manera separada, como es el caso del Grupo Carl Bro 4 Notas. A pesar de todo, al menos tres de las empresas cuyos Estados de Capital Intelectual se presentan en esas Directrices como modelo entre los publicados en Dinamarca (Byggecentrum, Consultum y Sparbanken) incluyen el control del impacto medioambiental negativo que pudiera tener su actividad productiva como uno de los elementos clave de la estrategia corporativa.
Es evidente que, en ausencia de una regulación estricta al respecto, la revelación voluntaria de información por parte de las empresas suele dar como resultado la aparición de datos difícilmente comparables, no verificables y, consiguientemente, poco útiles. Además, dada la crisis por la que atraviesa la confianza de los inversores en los mercados financieros, la credibilidad de la información de carácter voluntario roza actualmente sus mínimos históricos.
Movidos en parte por la evidencia acumulada por los investigadores y condicionados por los escándalos que han debilitado la fortaleza de los mercados de capitales, los organismos reguladores han desarrollado importantes iniciativas encaminadas a incrementar la cantidad, calidad, relevancia y utilidad de la información contenida en los informes anuales de las empresas sobre sus intangibles.
Con la aprobación del FAS 142 en junio de 2001, el FASB dio un gran salto adelante, suprimiendo la amortización sistemática del fondo de comercio y estableciendo en su lugar la obligatoriedad de llevar a cabo pruebas anuales de deterioro basadas en la estimación del valor razonable de los activos inmateriales, materiales y financieros, y de los pasivos de la empresa. Recientemente, el FASB ha incluido en su agenda un proyecto para la mejora de la información relativa a los intangibles, en el que se contempla la posibilidad de reconocer como activo aquellos intangibles generados internamente que serían susceptibles de reconocimiento separado del fondo de comercio en caso de ser adquiridos como consecuencia de la compra de una empresa. Estas dos iniciativas del FASB han sido secundadas por el IASB, que en diciembre de 2003 difundió su proyecto de revisión de sus normas 36 y 38, en el que reconocía la posible existencia de activos intangibles con vidas útiles ilimitadas y proponía un tratamiento contable para el fondo de comercio idéntico al previsto en el FAS 142.
En estos desarrollos normativos, las inversiones relacionadas con la dimensión medioambiental de la sostenibilidad de las empresas no son tomadas en consideración expresamente. Además, puesto que ni el IASB ni el FASB tienen normas específicas destinadas a regular la información de contenido me- dioambiental que deben difundir las empresas, el reflejo en los informes anuales de la relación de la empresa con su entorno queda regulado por diversas normas, como la NIC 1 (reflejo de activos y pasivos en los estados financieros), la 16 (activos inmovilizados) y la 37 (provisiones y contingencias).
En suma, tanto en las directrices elaboradas para guiar a las empresas en la preparación de informes voluntarios sobre sus intangibles como en los recientes desarrollos normativos a escala internacional se ha olvidado sistemáticamente la vinculación que existe entre la dimensión medioambiental de la Sostenibilidad de la empresa y su capital intangible.

La información medioambiental en España

En España, la preocupación por la difusión de información sobre la relación entre las empresas y el medio ambiente ha sido escasa hasta finales del siglo XX y únicamente se ha concretado en exigencias normativas tras la publicación del Real Decreto 437/ 1998 de 20 de marzo, por el que se aprobaba la adaptación del Plan General de Contabilidad (PGC) a las empresas del sector eléctrico. Si bien las exigencias informativas en materia medioambiental constituían un desarrollo del PGC y, por ello, eran de aplicación a todas las empresas, hasta la fecha el grado de cumplimiento por parte de las empresas españolas ha sido escaso o nulo.
En efecto, los estudios realizados en nuestro país sugieren que, al igual que en Estados Unidos 5 Notas, la mayoría de las empresas no incluye información medioambiental en sus cuentas anuales y que la información publicada responde generalmente a la intención de presentar una imagen corporativa amable ante la existencia de problemas medioambientales, particularmente en empresas grandes que son objeto de un mayor seguimiento por la sociedad. Así, en el año 2002, Larrinaga et al. encontraron que sólo el 20% de las sociedades industriales cotizadas en la Bolsa de Madrid presentaba en sus informes anuales correspondientes a 1998 y 1999 alguna información medioambiental entre la requerida por la normativa vigente. Por su parte, en el año 2003, García-Ayuso y Larrinaga determinaron que el tamaño de las empresas, su pertenencia a sectores más contaminantes y la presión social medida como atención mediática son los factores que mejor explican la difusión de información medioambiental.
En el análisis que hemos realizado de los informes anuales de las sociedades cotizadas durante la década de los noventa, encontramos información heterogénea y esporádica sobre las cuestiones medioambientales, en la que se alternan datos cuantitativos con descripciones narrativas de las actuaciones realizadas. Así, por ejemplo, en los informes anuales de Cementos Portland, Ercros, Repsol y Unión Fenosa es frecuente encontrar las cifras correspondientes a las inversiones medioambientales realizadas, mientras que Aceralia, Asturiana de Zinc, Cepsa, EI Aragonesas, Exxon Mobil, OHL o Phillips se limitan a aportar información de carácter narrativo.
Es previsible que la Resolución de 25 de marzo de 2002 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) logre corregir estas circunstancias, al establecer claramente el carácter obligatorio de las normas de reconocimiento, valoración y difusión de información sobre cuestiones medioambientales. No obstante, consideramos que es preciso fortalecer los controles de cumplimiento de la normativa.
En todo caso, conviene tener en cuenta que la Resolución del ICAC tiene un carácter muy restrictivo y se limita a exigir información relativa a las repercusiones que las actuaciones ambientales de las empresas puedan tener sobre su situación patrimonial y financiera, y sobre sus resultados. Por tanto, quedan fuera de su ámbito todas aquellas circunstancias que, aun teniendo claras implicaciones para la sostenibilidad empresarial, no tienen una traducción financiera inmediata.
No obstante, con la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad a partir de 2005, los grupos cotizados en las bolsas españolas tendrán mayor libertad para la activación de inversiones medioambientales, al ser la normativa del IASB menos restrictiva que la Resolución del ICAC. En efecto, las NIC permiten la inclusión de inversiones de naturaleza medioambiental en los estados financieros no sólo si contribuyen a incrementar la vida útil de determinados activos de la empresa, sino también si son necesarias para la continuidad del negocio, aun cuando no contribuyan a incrementar los beneficios futuros de la entidad. Además, el IASB anima a la presentación de informes medioambientales complementarios cuando las empresas consideren que ello contribuye a mejorar la calidad de la información que ofrecen a sus partícipes.
A este respecto, la Comisión de Expertos designada por el ICAC para la elaboración del denominado Libro Blanco para la Reforma de la Contabilidad en España recomienda que se introduzca la obligación de presentar en el informe de gestión información sobre las declaraciones medioambientales que realice la empresa, si éstas han sido objeto de verificación, así como la mención del registro en el que han sido depositadas. El Libro Blanco menciona expresamente el término sostenibilidad al referirse sucintamente a los esfuerzos de la Global Reporting Initiative 6 Notas, afirmando que la difusión de información sobre las perspectivas financiera, social y medioambiental puede permitir a las empresas dar cuenta de sus actuaciones en pro de la sostenibilidad.
Este planteamiento quedó ya patente en el Informe Aldama, cuando, al referirse al marco ético del gobierno corporativo, afirmaba que “en el contexto de la denominada responsabilidad social de la empresa en la gestión de sus negocios y en su relación con sus interlocutores, cada empresa podrá asumir libremente aquellas obligaciones o compromisos adicionales que desee de carácter ético o social dentro de un marco general de desarrollo sostenible, como la presentación de un triple balance económico, social y medioambiental que se discute en algunos foros, para darlos a conocer a los accionistas, a los empleados y a la sociedad en su conjunto, sobre la base de los principios de voluntariedad y transparencia”.
Si bien la Comisión de Expertos reconoce que puede existir cierto solapamiento entre la información social y la de carácter medioambiental, de sus recomendaciones se deduce inequívocamente que los intangibles deben considerarse una materia aparte y que debe incentivarse la difusión voluntaria de un informe de capital intelectual como el propuesto por Cañibano et al.
Esta separación resulta también apreciable en el recientemente publicado Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa de AECA, en el que se ha incluido únicamente en una ocasión el término intangible para hacer referencia a la creciente importancia de la reputación empresarial.
En nuestra opinión, sería deseable abrir un debate sobre la posibilidad de integrar la información de carácter voluntario sobre la sostenibilidad de la empresa con la elaborada para informar sobre sus intangibles.

Una propuesta integradora

La Global Reporting Initiative (en lo sucesivo, GRI) es un movimiento que promueve la difusión de información sobre la sostenibilidad de las empresas en su triple dimensión: económica, social y medioambiental. Las directrices elaboradas por la GRI contemplan hasta 49 indicadores de las actuaciones sociales de la empresa (prácticas laborales y trabajo decente, derechos humanos, sociedad y responsabilidad de los productos) y 35 que informan sobre sus actuaciones medioambientales (consideran, respectivamente, 24 y 16 indicadores básicos, y 25 y 19 complementarios).
A nuestro juicio, aunque el esquema que presenta la GRI tiene un claro sesgo hacia la dimensión social de la sostenibilidad, es perfectamente compatible con los propuestos por las diferentes directrices para la revelación de información sobre intangibles citadas anteriormente. Así, por ejemplo, el marco conceptual de las Directrices Meritum es coherente con el de la GRI y la integración de ambos podría venir a paliar una de las carencias de la GRI, la ausencia de una justificación consistente basada en la evidencia de perjuicios importantes asociados a la falta de información sobre los intangibles, que Cañibano et al. fundamentan en los resultados de la investigación publicada.
Como comentamos anteriormente, la dimensión medioambiental ha sido pasada por alto en las directrices para la difusión de información sobre intangibles, por lo que los indicadores contemplados en las directrices de la GRI constituyen un complemento perfecto del marco de revelación voluntaria contenido en el resto de las directrices. Si bien algunos de los indicadores económicos de la GRI vienen a ser redundantes con respecto al contenido de las cuentas anuales, la inclusión de otros puede complementar la información voluntaria que propone el resto de las iniciativas con una perspectiva financiera del tipo de la que contempla para propósitos de gestión el Balanced Scorecard.
Finalmente, los indicadores sociales de la GRI son perfectamente compatibles con el concepto de capital humano que presentan las directrices para la difusión de información sobre intangibles, ampliándolo sustancialmente al considerar elementos que transcienden el ámbito de los recursos humanos de la organización y tienen relación con la sociedad en la que se inserta. De hecho, la estrecha vinculación entre el marco de revelación voluntaria que propone la GRI y el del resto de las iniciativas discutidas anteriormente queda claramente de manifiesto en la declaración realizada en 2001 por Allen White, director interino de la GRI, cuando afirmó que “la razón principal para informar sobre la sostenibilidad de la empresa es que con ello se consigue construir y comunicar sus activos intangibles”.
En España son muchas las empresas que ya publican memorias de sostenibilidad, siguiendo la propuesta de la GRI: Aguas de Barcelona, Cepsa, Endesa, Ericsson, Ferrovial, Gas Natural, Iberdrola, Iberia, Larcovi, Red Eléctrica de España, Renfe, Siemens o Telefónica, entre otras. En algunos casos, estos informes han servido como base para la inclusión de las sociedades emisoras en los índices FTSE4Good y S&P Sustainability Index, que agrupan empresas social y medioambientalmente responsables, lo que se ha traducido en un fortalecimiento de su imagen corporativa y en un más fácil acceso a capitales en los mercados financieros 7 Notas.
En el futuro, la coordinación de los esfuerzos realizados en la elaboración de este tipo de informes con los desarrollados para la elaboración de información voluntaria sobre el capital intelectual podrá reducir el coste que para las empresas implica la elaboración de múltiples documentos complementarios de las cuentas anuales, así como la redundancia existente entre la información contenida en ellos.

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1.Así se reconoce expresamente en el recientemente publicado Marco Conceptual de la Responsabilidad Social Corporativa de AECA (2003), cuando se afirma que “la reputación de las empresas se empieza a configurar como un valioso intangible, que incluye ­al menos en algunos rankings­ parámetros vinculados a su comportamiento social y medioambiental, especialmente por la creación de valor que supone para los propietarios”.
2.A la hora de enjuiciar ésta y otras afirmaciones que aparentemente se han asimilado recientemente como parte del conocimiento consolidado, conviene ser cauteloso, tal como sugiere García-Ayuso (2001).
3.La existencia de un capital relacional sólo puede justificarse si la clasificación de los intangibles se realiza siguiendo un criterio funcional, atendiendo a la misión que los elementos integrantes del capital intangible cumplen en el seno de la organización.
4.http://www.carlbro.com/environmental_statement.php.
5.En un reciente estudio realizado por la Comisión del Mercado de Valores estadounidense se detectó que la mayoría de las empresas ignora por completo las cuestiones medioambientales en sus informes anuales (http://www.sec.gov/divisions/corpfin/fortune 500rep.htm).
6.www.globalreporting.org.
7.En 2003, estaban incluidas en el Dow Jones Sustainability Index siete empresas españolas: BBVA, BSCH, Endesa, Ferrovial, Iberdrola, Inditex y Telefónica.